Las preguntas del Presidente

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La ofensiva del Presidente contra lo que considera organismos de fachada para simular la democracia, no ha sido precisamente elegante; ni en su retórica ni en el procedimiento para conseguirlo. Y, sin embargo, no carece de razón. Si bien es cierto que resulta preocupante la posibilidad de perder espacios de intervención de la sociedad civil, particularmente aquellos que propician la rendición de cuentas y la transparencia de actos de la administración pública, antes de rasgarse las vestiduras habría que atender las objeciones de Andrés Manuel López Obrador al respecto. Sus argumentos podrían agruparse en tres grandes puntos.

Uno, la simulación. El Presidente afirma que el período en el que se crearon todos estos mecanismos, organismos paralelos y comisiones de competencia para favorecer la transparencia, los equilibrios, los derechos humanos y la supervisión de la sociedad sobre la burocracia, coincidió con la etapa de mayor corrupción en el gobierno. Y, en efecto, el sexenio de Peña Nieto exhibe las peores prácticas que se recuerden en materia de abusos, apropiación del patrimonio y negocios al amparo del poder. Los excesos de los gobernadores priistas y de algunas paraestatales excedieron incluso la voracidad a la que nos había acostumbrado la clase política. Y con Felipe Calderón, el poder y los excesos de Genaro García Luna y sus vínculos con los cárteles habrían sido la envidia del mismísimo Negro Durazo. Y todo esto sucedió en medio del surgimiento de un tejido de nuevas instituciones democráticas para orgullo de los sectores modernos e ilustrados. Un entramado de organismos, cada uno de los cuales puede defenderse en lo particular por la nobleza de sus propósitos, pero cuya acción de conjunto no impidió que México se hiciera un país más corrupto o que la desigualdad y la exclusión de los desfavorecidos siguiera vigente.

López Obrador plantea una pregunta que no puede ignorarse: ¿Cómo decir que son instituciones democráticas si les valió sorbete que la mayoría de la población siguiera siendo víctima de un sistema que reproducía la desigualdad, o que el modelo mantuviese su desequilibrio en detrimento de regiones completas, de ramas económicas tradicionales y de los sectores populares? Y no se trata de una argumentación retórica: el poder adquisitivo de los sectores empobrecidos disminuyó, el sector informal terminó siendo mayoritario entre la población trabajadora, el enriquecimiento de la élite se multiplicó. Si la democracia supone un gobierno de las mayorías y en favor de las mayorías, tales instituciones no solo no hicieron algo para revertir de manera sustancial la injusticia social, además terminaron legitimándola bajo un manto de supuesta democratización del país. El Presidente sostiene que a través de estos organismos, la clase política y la élite consiguieron involucrar en su modelo legitimador a intelectuales, académicos, profesionales y activistas de la llamada sociedad civil, quienes ocuparon las parrillas a cargo de tal entramado “institucional”.

Dos, no es casual que la mayor parte de estas instituciones se convirtieron en bastiones de resistencia y obstáculo al proyecto de cambio de régimen, fuera por convicción o por interés de sus cuadros. Al margen de las buenas intenciones que persiguieran estos organismos, operan dentro de un formalismo en el que la comprensión del México profundo no cabe, pues muchos de ellos están concebidos como entidades más propias de una sociedad europea y moderna, como si no existiesen las profundas distorsiones sistémicas que reproducen la injusticia y la desigualdad. Muchos de ellos han sido utilizados como recurso para retrasar proyectos, impugnar acciones públicas, generar argumentos jurídicos para obstaculizar en tribunales a la 4T.

Tres, además de legitimadora de un falso progreso democrático y de convertirse en trabas al cambio social, se trata de una estructura paralela demasiado onerosa para el erario. Algunas de sus tareas no son necesarias, otras que sí lo son podrían ser realizadas por aparatos ya existentes, y absolutamente todas podrían ser más económicas. Los sueldos que reciben las parrillas dirigentes son los más altos de la administración pública y constituyen un insulto a un país con los actuales rezagos sociales.

Hasta aquí los argumentos, abreviados, del Presidente: simulación democrática, despilfarro del dinero de todos y nidos de resistencia al proyecto de la 4T. ¿Cuánto de cierto hay en todo esto? La respuesta de cada cual dependerá del cristal de la polarización desde el cual se mire, por supuesto.

En lo personal me parece que el Presidente tiene razón en lo general en buena parte de la argumentación. Pero también es cierto que una mirada específica a cada uno de los organismos en cuestión podría conducir a salidas que requieren matices. Está claro que algunos comités de competencia, en el área económica o de telecomunicaciones, rápidamente fueron cooptados por los grupos de interés y solo hicieron más complicado y burocrático el proceso, pero no cambiaron realmente el balance de tales intereses. Son caros, no resuelven, o solo por encima, el problema para el que fueron creados y, en ocasiones, se han convertido en terreno minado para evitar un cambio de fondo. Pero más allá de la posibilidad de eliminarlos, cabría preguntarse si es posible sanearlos y convertirlos en verdaderos reguladores de una actividad más sana, competitiva y socialmente equilibrada, más allá de quien ocupe el Ejecutivo.

En el caso del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI, la polarización política una vez más ha provocado un debate en términos absolutos de todo o nada. No sirve, dice el Presidente; tocarlo es regresar al despotismo y a la corrupción, asegura la oposición. Son afirmaciones políticas, obviamente, pero la solución tendría que escapar a este encasillamiento. El INAI es un vehículo para un propósito importante: obligar a la administración pública a transparentar la información y a cuidar la de los particulares (estoy abreviando). Ha conseguido avances importantes en esa dirección, aunque no escapa del todo a las objeciones presidenciales planteadas arriba. El INAI es un vehículo, no el fin mismo. Si el gobierno tiene una propuesta mejor para conseguirlo, está en todo su derecho de plantearlo, lo cual no debería traducirse en un regreso a la opacidad. Lo que tendríamos que estar discutiendo es la propuesta concreta de cómo es que la Auditoría Superior de la Federación asumiría sin menoscabo de la eficiencia tales tareas. Lo demás es grilla. Y más allá de esta disputa, las preguntas del Presidente sobre el entramado seudo democrático siguen mereciendo una mejor respuesta de parte de la oposición.
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/las-preguntas-del-presidente

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